M.O.P., M.I.P.P.S., M.H.
Se declara de utilidad pública la expropiación de determinados inmuebles para la electrificación del río Negro, se fijan normas correlativas y se crea un Juzgado Letrado de Hacienda y de lo Contencioso Administrativo.
PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental
del Uruguay, reunidos en Asamblea General;
DECRETAN:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública la expropiación
de los inmuebles comprendidos dentro de la curva del nivel "más 86"
establecida en los planos de las obras de aprovechamiento hidroeléctrico del
río Negro (Ley de 15 de Febrero de 1934).
Régimen de expropiaciones
Artículo 2º.- Para las expropiaciones a que alude el artículo
anterior, se aplicará, en lo pertinente, la Ley de 28 de Marzo de 1912, con
las modificaciones contenidas en la presente.
Zonas de influencia
Artículo 3º.- Los Artículos 10 y siguientes de la Ley de 28
de Marzo de 1912, sobre mayor valor, serán aplicables a las zonas correspondientes,
a cuyo fin la U.T.E. levantará el plano a que aluden los Artículos 12 y 13
de la misma, fijará los límites de las zonas de influencia respectivas, practicará
las tasaciones pertinentes, con el asesoramiento de la Dirección de Avalúos
y procederá a su notificación.
Para todos los efectos de la disposición precedente, regirá
lo establecido en el Artículo 11 de esta ley, sin perjuicio de lo preceptuado
en el Artículo 13 de la de 28 de Marzo de 1912.
La contribución por dicho concepto no podrá exceder del (60%)
sesenta por ciento del mayor valor pertinente.
Para apreciar el mayor valor, se retrotraerán las tasaciones
respectivas al correspondiente mes de Noviembre de 1936.
Designación de inmuebles a expropiar
Artículo 4º.- Levantado el plano de los inmuebles a expropiar,
que contendrá todas las indicaciones pertinentes, se podrá de manifiesto por
el término de quince días, en las oficinas de la U.T.E., en la Capital, y
en los Juzgados de Paz correspondientes al lugar en que aquéllos estés ubicados,
a los cuales se remitirá la copia respectiva.
La U.T.E. mandará publicar en "Diario Oficial" y
en dos diarios de cada Departamento, aviso de que dicho plano se encuentra
de manifiesto en las referidas oficinas.
Los avisos se publicarán por diez días consecutivos y constituirán
única y suficiente notificación de los interesados.
El término de manifiesto a que alude el inciso 1º del presente
artículo, se contará a partir de la última publicación correspondiente al
lugar en que esté situado el inmueble respectivo. La U.T.E. podrá disponer,
si lo conceptúa conveniente, que el plano referido se haga y exhiba por fracciones.
Artículo 5º.- Los interesados podrán hacer las observaciones
u oposiciones que juzguen pertinentes, a la designación de bienes a expropiar,
dentro del plazo perentorio de quince días a contar desde el vencimiento del
término de manifiesto correspondiente, y de acuerdo con lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley de 28 de Marzo de 1912.
El silencio se tendrá por aceptación.
La oposición u observación se deducirá por escrito, en papel
simple, sea directamente ante la U.T.E. o por intermedio del Juzgado de Paz
del domicilio del interesado, de donde se remitirá a aquella Administración.
La U.T.E. resolverá dentro del término de quince días de recibido
el escrito.
Artículo 6º.- La resolución se notificará en la forma prevista
por el Artículo 11, inciso 2º de esta ley y será susceptible de reposición,
que deberá interponerse dentro del término perentorio de los quince días siguientes,
en la forma prevista en el penúltimo inciso del Artículo 5º precedente. Contra
dicha resolución no habrá ulterior recurso ni administrativo ni judicial.
Artículo 7º.- Las resoluciones a que se refiere el Artículo
17 de la Ley de 28 de Marzo de 1912, que corresponderá dictar a la U.T.E.
serán apelables para ante la Comisión Fiscal a que se refiere el Artículo
28 de esta ley, cuya decisión hará cosa juzgada.
Se aplicará también lo dispuesto en el penúltimo inciso del
Artículo 5º de esta ley, y no habrá, contra dichas resoluciones ningún otro
recurso ni administrativo ni judicial.
Fijación de la indemnización
Artículo 8º.- Decretada la expropiación, la U.T.E. mandará
formar el expediente relativo a cada propiedad expropiada, el que será encabezado
por un plano de la misma, indicación circunstanciada de su área, límites,
alambrados, mejoras, arboladas, haciendas, rebaños, sementeras, etc., que
contengan; designación de su propietario, poseedor, arrendatario, comodatario
u ocupante a cualquier otro título, domicilio o residencia de los mismos y,
en general, de todos aquellos datos útiles para la expropiación.
Artículo 9º.- Llenados los requisitos del artículo precedente,
el expediente de expropiación pasará sin más trámite a la Dirección de Avalúos,
a los efectos de la tasación del bien expropiado, sus mejoras y de los bienes
muebles y semovientes que contenga, y de los daños y perjuicios si correspondieren.
Dicha Dirección deberá expedirse dentro del término de veinte
días en dictamen motivado.
La tasación que efectúe será el monto de la indemnización o
precio que, por los bienes pertinentes y por todo concepto, ofrecerá la U.T.E.
Esta podrá modificarla también, por motivo fundado, y, en ese caso, el valor
que fije será la indemnización aludida a ofrecer, siempre que no mediare observación
de la Comisión Fiscal a que se refiere el Artículo 28 de esta ley. En ese
caso la oferta de la Administración será la que señale dicha Comisión.
A este fin, en caso de modificación por la U.T.E., se le pasará
en vista el expediente.
Artículo 10.- A los efectos previstos en los en los Artículos
29 y 31, inciso último, de la Ley de 28 de Marzo de 1912, se fija la fecha
de 1º de Marzo de 1937.
Artículo 11.- Fijada la indemnización a ofrecerse, la Administración
de la U.T.E. hará la notificación respectiva al interesado o interesados,
quienes deberán manifestar su conformidad o disconformidad con la misma en
el acto de la notificación, o por escrito dentro del término perentorio de
quince días a contar desde la notificación.
Si el interesado estuviese domiciliado fuera del Departamento
de Montevideo, la notificación se efectuará por intermedio del Juzgado de
Paz respectivo, al que oficiará directamente la U.T.E. En este caso el escrito
pertinente podrá ser presentado, dentro de dicho término, directamente a la
U.T.E. o por intermedio del mismo Juzgado, quien lo remitirá de inmediato
a la U.T.E.
Al silencio del interesado se entenderá como aceptación tácita
del precio.
Al hacerse la notificación, se entregará al interesado, con
las debidas constancias, una copia del Artículo 11 de esta ley.
Acción judicial
Artículo 12.- Si el interesado expresara oposición, la U.T.E.
deducirá la acción judicial respectiva, por sus representantes, a todos los
efectos de la expropiación.
Jurisdicción
Artículo 13.- Conocerán en el juicio de expropiación los Juzgados
Letrados Nacional de Hacienda y de lo Contencioso Administrativo.
La Suprema Corte de Justicia reglamentará la distribución de
todos los asuntos de la respectiva jurisdicción entre los actuales Juzgados
L. de Hacienda y de lo Contencioso Administración y el que se crea por esta
ley, de modo que resulten equilibradas sus tareas.
Artículo 14.- Conocerá en la alzada la Suprema Corte de Justicia,
debiendo concurrir los cinco miembros para dictar sentencia definitiva, que
se pronunciará por simple mayoría.
Regirán en la segunda instancia las leyes de procedimientos
relativas a las apelaciones.
Procedimientos judiciales
Artículo 15.- La U.T.E. presentará, con la demanda, el expediente
administrativo y demás antecedentes que correspondan.
Artículo 16.- Los demandados serán citados y emplazados en
la forma prevista por el Código de Procedimiento Civil.
Cuando estuvieren en el extranjero, o se ignorase su nombre
o domicilio, se hará por edictos, por el término de 45 días, que se publicarán
durante veinte días continuos en "Diario Oficial", en los diarios
de la Capital y en uno del Departamento en que esté situado el bien a expropiarse.
En igual forma se procederá para la citación y el emplazamiento
del arrendatario, comodatario u ocupante a cualquier título, del bien a expropiarse,
a los efectos de la fijación judicial del precio de los bienes pertinentes.
Artículo 17.- Deducida la acción, el Juez dará traslado al
demandado por el término perentorio de quince días.
Evacuado el traslado o vencido el término sin que se hubiere
hecho, se abrirá el juicio a prueba si alguna de las partes la hubiera ofrecido
o el Juez la reputase necesaria.
El término será de veinte días improrrogable.
Las pruebas sólo podrán ofrecerse dentro de los primeros diez
días de dicho término.
Artículo 18.- La prueba pericial se efectuará, en general,
por un solo perito, que designará el Juez en el auto que abre la causa a prueba,
sin perjuicio del derecho de las partes interesadas de indicar un perito por
cada una de ellas para practicar juntamente la misma diligencia, lo que se
hará en los escritos respectivos anteriores.
Artículo 19.- Presentada la tasación pericial, las partes alegarán
el bien probado, por su orden, sin necesidad de mandamiento expreso, por el
término de diez días perentorios, quedando con ello concluso el juicio.
Artículo 20.- Regirá, en cuanto a las costas y costos del juicio,
lo dispuesto en el Artículo 688 del Código Civil.
Artículo 21.- El Juez de la causa, de oficio o a petición de
cualquiera de las partes, podrá exonerar de las costas a los demandados que,
por su situación económica deban merecer ese beneficio. A fin de formar convicción,
a tal efecto, el Juez podrá disponer las diligencias que estime convenientes
de carácter sumarísimo. La resolución relativa a dicha exoneración sólo será
apelable en caso de no hacerse lugar el beneficio.
La exoneración será sin perjuicio de las condenaciones que
correspondan cuando ocurran los extremos previstos por el Artículo 688 del
Código Civil y la Ley de 28 de Marzo de 1912.
Artículo 22.- Los honorarios de los peritos a que se refiere
el Artículo 18, serán de cargo de la U.T.E. o de los particulares, según lo
previsto en el Artículo 39 de la Ley de 28 de Marzo de 1912.
Artículo 23.- La sentencia de primera instancia sólo será apelable
en relación.
Otras disposiciones
Artículo 24.- La declaración de urgencia a que se refiere el
Artículo 42 de la Ley de 28 de Marzo de 1912, se hará por la U.T.E. sin necesidad
de aprobación por el Poder Ejecutivo.
La cantidad a consignarse en los casos de toma de posesión
urgente será el mayor precio que hubieren asignado al inmueble expropiado
los distintos institutos llamados a establecerlo de acuerdo con el Artículo
9º (Artículo 31 de la Constitución de la República).
Artículo 25.- La escrituración a que se refiere el Artículo
41 de la Ley de 28 de Marzo de 1912, se hará de oficio por las Escribanías
de Gobierno y Hacienda y de la U.T.E.
Si fuere absolutamente indispensable, se ampliaría, a ese solo
fin, con escribanos que designará el Poder Ejecutivo.
Estos últimos percibirán los honorarios respectivos según el
arancel vigente del Banco Hipotecario del Uruguay.
Artículo 26.- Créase el Juzgado Letrado Nacional de Hacienda
y de lo Contencioso Administrativo, de 3er. Turno, al que se le fija planilla
presupuestal igual a la de los otros dos Juzgados de la misma clase.
Artículo 27.- Cuando a juicio de la Suprema Corte de Justicia
el número de causas sometidas a dicho Juzgado no justifique su continuación
lo convertirá en un Juzgado Letrado que tendrá su sede en la Capital, con
carácter permanente.
Cualquiera fuere la jurisdicción que definitivamente se le
fije, sin perjuicio de ello, continuará entendiendo hasta su fallo en los
juicios que tenga en trámite.
Artículo 28.- La Comisión a que se refiere el Artículo 19 de
la Ley Nº 9.257 de 15 de Febrero de 1934, se denominará Comisión Fiscal y
tendrá, además del cometido que le asigna dicha disposición, la supervigilancia
de todo orden sobre las obras y sobre la gestión pertinente de la U.T.E.
Artículo 29.- Sin perjuicio de las facultades y funciones que
el artículo precedente atribuye a la Comisión Fiscal y las que la Ley Nº 9.257
adjudica a la U.T.E., el Ministerio de Obras Públicas tendrá el contralor
técnico y financiero de todas las obras hidroeléctricas del río Negro.
Por intermedio de este Ministerio se establecerán todas las
relaciones de la Comisión Fiscal y de la U.T.E. con el Poder Ejecutivo, salvo
la intervención del Ministerio de Hacienda en lo que le sea pertinente.
Artículo 30.- El producto del mayor valor pagado por los propietarios
de las zonas de influencia (Artículo 3º), se destinará al servicio de intereses
y amortización a que se refiere el Artículo 7º inciso final de la Ley Nº 9.257
de 15 de Febrero de 1934.
Artículo 31.- El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento
de la Comisión Fiscal, estableciendo sus facultades y confiriéndole a sus
representantes, si lo cree conveniente, voz y voto en las deliberaciones del
Directorio de la U.T.E. integrado, a los efectos de esta ley.
Artículo 32.- En estos juicios, no será aplicable lo dispuesto
por el Artículo 183, inciso 2º del Código de Organización de los tribunales
Civiles y de Hacienda.
Artículo 33.- Todos los gastos que demande esta ley, incluso
los originados por la instalación y funcionamiento del Juzgado instituido
por el Artículo 26, como asimismo los provenientes de los gastos, compensaciones,
etc., que demanden las tasaciones que debe practicar la Dirección General
de Avalúos y Administración de Bienes del Estado, se imputarán a los fondos
arbitrados por la Ley Nº 9.257, de 15 de Febrero de 1934.
Artículo 34.- Destínase hasta la suma de mil quinientos pesos
($ 1.500.00), por una sola vez, para gastos de instalación del Juzgado que
se crea.
Artículo 35.- A los efectos de esta ley, el Directorio de la
U.T.E. actuará integrado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1º de
la Ley Nº 9.257 de 15 de Febrero de 1934.
Artículo 36.- Deróganse los Artículos 5º y 16 de la Ley Nº 9.257 referida y las demás disposiciones de la misma y de la de 28 de Marzo
de 1912 en cuanto se opongan a la presente.
Artículo 37.- Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo
a 10 de Noviembre de 1937.
JULIO CESAR CANESSA, Presidente; ARTURO MIRANDA, Secretario.
Montevideo, 18 de Noviembre de 1937.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese
en el R.N.
TERRA; MARTIN R. ECHEGOYEN; EDUARDO VICTOR HAEDO; CESAR CHARLONE.