M.I., M.E.C., M.S.P.
Se declaran de Interés General las actividades orientadas a
la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia
doméstica.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental
del Uruguay, reunidos en Asamblea General;
DECRETAN:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Decláranse de interés general las actividades
orientadas a la prevención, detección temprana, atención y erradicación de
la violencia doméstica. Las disposiciones de la presente ley son de orden
público.
Artículo 2º.- Constituye violencia doméstica toda acción u
omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando
ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona,
causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo
o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación
y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho.
Artículo 3º.- Son manifestaciones de violencia doméstica, constituyan
o no delito:
A) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que
dañe la integridad corporal de una persona.
B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión
dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento,
las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación,
aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o
emocional.
C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos
sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción,
manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad
sexual.
D) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad
manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción,
distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo,
documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación
de otra persona.
CAPÍTULO II
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Artículo 4º.- Los Juzgados con competencia en materia de familia,
entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las
cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella.
Artículo 5º.- Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia
de familia serán competentes, asimismo, para atender situaciones de urgencia
en violencia doméstica.
A tal efecto, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio
de Educación y Cultura, a propuesta de la Fiscalía de Corte, determinarán,
en su caso, el régimen de turnos para atender, en horas y días hábiles e inhábiles,
todos los asuntos que requieran su intervención conforme a esta ley.
Artículo 6º.- Los Juzgados de Paz, en el interior de la República,
cualquiera sea su categoría, tendrán competencia de urgencia para entender
en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma provisoria las
medidas pertinentes establecidas en esta ley para la protección de presuntas
víctimas, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia
correspondiente, necesariamente dentro de las cuarenta y ocho horas de haber
tomado conocimiento de los hechos, a cuya resolución se estará.
Artículo 7º.- Toda actuación judicial en materia de violencia
doméstica, preceptivamente, será notificada al Fiscal que corresponda, desde
el inicio. El mismo deberá intervenir en todos los asuntos relativos a las
personas e intereses de las víctimas de violencia doméstica.
CAPÍTULO III
LEGITIMACIÓN DEL DENUNCIANTE Y LLAMADO A TERCEROS A JUICIO
Artículo 8º.- Cualquier persona que tome conocimiento de un
hecho de violencia doméstica, podrá dar noticia al Juez competente en la materia,
quien deberá adoptar las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto
en esta ley. Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad
de tipo alguno a quien la hubiere dado.
El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá
llamar a terceros al juicio.
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Artículo 9º.- En toda cuestión de violencia doméstica, además
de las medidas previstas en el Artículo 316 del Código General del Proceso,
el Juez, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer
todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física
o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia
económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.
Artículo 10.- A esos efectos podrá adoptar las siguientes medidas,
u otras análogas, para el cumplimiento de la finalidad cautelar:
1) Disponer el retiro del agresor de la residencia común y
la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del Alguacil.
Asimismo, se labrará inventario judicial de los bienes muebles que se retiren
y de los que permanezcan en el lugar, pudiéndose expedir testimonio a solicitud
de las partes.
2) Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima
que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal, en presencia
del Alguacil.
3) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor
en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente
la víctima.
4) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse
o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás
personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.
5) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las
que permanecerán en custodia de la Sede, en la forma que ésta lo estime pertinente.
Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego, oficiándose a la
autoridad competente a sus efectos.
6) Fijar una obligación alimentaria provisional a favor de
la víctima.
7) Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas
de rehabilitación.
8) Asimismo, si correspondiere, resolver provisoriamente todo
lo relativo a las pensiones alimenticias y, en su caso, a la guarda, tenencia
y visitas.
En caso de que el Juez decida no adoptar medida alguna, su
resolución deberá expresar los fundamentos de tal determinación.
Artículo 11.- En todos los casos, el Juez ordenará al Alguacil
o a quien entienda conveniente, la supervisión de su cumplimiento y convocará
una audiencia, en un plazo no mayor de diez días de adoptada la medida, a
los efectos de su evaluación. En caso de no comparecencia, el Juez dispondrá
la conducción del agresor.
Si las medidas dispuestas no se cumplen, el Juez ordenará el
arresto del agresor por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio
de lo establecido en los Artículos 21.3, 374.1, 374.2 y 374.4 del Código General
del Proceso.
Una vez adoptada la medida cautelar y efectuada la audiencia
referida, los autos deberán ser remitidos al Juzgado que venía conociendo
en los procesos relativos a la familia involucrada.
Artículo 12.- Las medidas adoptadas tendrán el alcance y la
duración que el Juez disponga, sin perjuicio de la sustanciación de la pretensión,
de su modificación o cese.
Artículo 13.- El procedimiento para la adopción de las medidas
cautelares será el previsto por los Artículos 313, 314 y 315 del Código General
del Proceso. Siempre que se acredite que un derecho intrínseco al ser humano
se vea vulnerado o amenazado, el Juez deberá, de inmediato, decretar las medidas
cautelares que correspondan, en forma fundada. De igual manera, procederá
cuando la audiencia previa del agresor pueda frustrar el buen fin de la medida.
Artículo 14.- En materia probatoria, serán de aplicación las
disposiciones del Código General del Proceso, teniendo presente el objetivo
y fin de esta ley y las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.
Artículo 15.- Una vez adoptadas las medidas cautelares establecidas
en el Artículo 10 de la presente ley, el Tribunal de oficio ordenará realizar
un diagnóstico de situación entre los sujetos involucrados. El mismo será
elaborado en forma interdisciplinaria y tendrá como objeto determinar los
daños físicos o psíquicos sufridos por la víctima, evaluar la situación de
peligro o riesgo y el entorno social.
Este diagnóstico deberá estar a disposición del Tribunal al
tiempo de celebración de la audiencia fijada en el Artículo 11 de esta ley.
Si por las características de la situación, se considerase necesaria la adopción
de medidas o tratamientos médicos, psicológicos o de otra naturaleza respecto
de alguno de los sujetos involucrados, el Tribunal podrá cometer su realización
a alguna de las instituciones públicas o privadas idóneas en la materia.
Artículo 16.- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo anterior, el Ministerio de Educación y Cultura, a través del
Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, promoverá la formación de peritos
en violencia doméstica, con capacidad de trabajo interdisciplinario, que se
incorporará en la órbita del Instituto Técnico Forense.
La reglamentación correspondiente encomendará al Instituto
Nacional de la Familia y la Mujer establecer los requisitos que deberán cumplir
los interesados para acreditar su competencia pericial en el área de la violencia
doméstica regulada por esta ley.
Artículo 17.- La Suprema Corte de Justicia incorporará esta
categoría de profesionales al Registro Único de Peritos. Asimismo incorporará
a este Registro a quienes acrediten ante el Ministerio de Educación y Cultura
-que contará al efecto con la colaboración de la Universidad de la República
o Universidades autorizadas- idoneidad notoria en la materia al tiempo de
entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 18.- En todos los casos el principio orientador será
prevenir la victimización secundaria, prohibiéndose la confrontación o comparecimiento
conjunto de la víctima y el agresor en el caso de los niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años.
En el caso de la víctima adulta que requiera dicha confrontación
y se certifique que está en condiciones de realizarla, ésta se podrá llevar
a cabo. El Tribunal dispondrá la forma y los medios técnicos para recibir
la declaración, haciendo aplicación de los principios de inmediación, concentración
y contradicción.
Podrá en su caso, solicitar previamente al equipo interdisciplinario
que informe si la víctima se encuentra en condiciones de ser interrogada en
ese momento.
Artículo 19.- Las situaciones de violencia doméstica deben
ser evaluadas desde la perspectiva de la protección integral a la dignidad
humana.
Asimismo, se considerará especialmente que los hechos constitutivos
de violencia doméstica a probar, constituyen, en general, situaciones vinculadas
a la intimidad del hogar, cuyo conocimiento radica en el núcleo de personas
afectadas por los actos de violencia.
CAPÍTULO V
ASISTENCIA LETRADA OBLIGATORIA
Artículo 20.- La Suprema Corte de Justicia deberá garantizar
la asistencia letrada obligatoria a la víctima, para lo cual estará facultada
a celebrar convenios con entidades públicas o privadas especializadas en la
materia.
CAPÍTULO VI
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES
Artículo 21.- Cuando intervenga un Juzgado con competencia
en materia penal o un Juzgado con competencia en materia de menores en una
situación de violencia doméstica, cualquiera sea la resolución que adopte,
deberá remitir, dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento
de los hechos, testimonio completo de las actuaciones y de la resolución adoptada
al Juez con competencia en materia de violencia doméstica.
Asimismo, cuando se haya dispuesto el procesamiento con prisión,
deberá comunicar la excarcelación o la concesión de salidas transitorias o
cualquier forma de conclusión del proceso al Juzgado competente en materia
de violencia doméstica, previo a su efectivización. También deberá ponerlo
en conocimiento de la víctima en su domicilio real y de su letrado en el domicilio
constituido, en este último caso si estuviere en conocimiento de la Sede,
de la forma que entienda más eficaz para obtener la finalidad de protección
perseguida por esta ley.
Del mismo modo, los Juzgados con competencia de urgencia en
materia de violencia doméstica, comunicarán los hechos con apariencia delictiva
que hayan llegado a su conocimiento, dentro de las veinticuatro horas, al
Juzgado Penal de Turno.
Igual obligación se dispone para los representantes del Ministerio
Público entre sí.
CAPÍTULO VII
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN
INTEGRAL A LA VÍCTIMA
Artículo 22.- El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y fomentar el
apoyo integral a la víctima.
Artículo 23.- La rehabilitación y la reinserción social del
agresor, deberán formar parte de una política que procure proteger a todas
las personas relacionadas. La asistencia y el tratamiento deberán ser instrumentos
de esta política.
Artículo 24.- Créase, en la órbita del Ministerio de Educación
y Cultura, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica,
que se integrará con:
- Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que
lo presidirá.
- Un representante del Ministerio del Interior.
- Un representante del Ministerio de Salud Pública.
- Un representante del Instituto Nacional del Menor (INAME).
- Un representante del Poder Judicial.
- Un representante de la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP).
- Un representante del Congreso de Intendentes.
- Tres representantes de las organizaciones no gubernamentales
de lucha contra la violencia doméstica.
Los representantes de los organismos públicos deberán ser de
las más altas jerarquías.
Los representantes de las organizaciones no gubernamentales
serán designados por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales
(ANONG).
Artículo 25.- El Consejo podrá convocar en consulta a las sesiones
a representantes de los Ministerios y organismos públicos, a personas públicas
no estatales, de las organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas
de lucha contra la violencia doméstica.
Artículo 26.- El Consejo, cuya competencia es nacional, tendrá
los siguientes fines:
1. Asesorar al Poder Ejecutivo, en la materia de su competencia.
2. Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamentación.
3. Diseñar y organizar planes de lucha contra la violencia
doméstica.
4. Promover la coordinación e integración de las políticas
sectoriales de lucha contra la violencia doméstica diseñadas por parte de
las diferentes entidades públicas vinculadas al tema.
5. Elaborar un informe anual acerca del cumplimiento de sus
cometidos y sobre la situación nacional de violencia doméstica.
6. Ser oído preceptivamente en la elaboración de los informes
que el Estado debe elevar en el marco de las Convenciones Internacionales
vigentes, relacionadas con los temas de violencia doméstica a que refiere
esta ley.
7. Opinar, a requerimiento expreso, en la elaboración de los
proyectos de ley y programas que tengan relación con la violencia doméstica.
8. Colaborar con la Suprema Corte de Justicia en la implementación
de la asistencia letrada establecida en el Artículo 20 de la presente ley.
Artículo 27.- El Ministerio de Educación y Cultura proveerá
la infraestructura para las reuniones del Consejo.
Artículo 28.- El Consejo podrá crear Comisiones Departamentales
o Regionales, reglamentando su integración y funcionamiento.
Artículo 29.- El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento
dentro del plazo de treinta días a partir de su instalación.
En un plazo no mayor a ciento veinte días a partir de su instalación,
el Consejo elaborará y elevará a consideración del Poder Ejecutivo, Ministerio
de Educación y Cultura, el primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia
Doméstica, con un enfoque integral, orientado a la prevención, atención y
rehabilitación de las personas involucradas, a efectos de lograr el uso más
adecuado de los recursos existentes en beneficio de toda la sociedad. Dicho
Plan Nacional propondrá acciones que procurarán el cumplimiento de los siguientes
objetivos:
A) Tender al abatimiento de este tipo de violencia en todas
sus manifestaciones, fomentando el irrestricto respeto a la dignidad humana,
en cumplimiento de todas las normas nacionales vigentes, así como de los compromisos
asumidos por el Estado al ratificar las Convenciones y Tratados de Derechos
Humanos.
B) Proyectar mecanismos legales eficaces que atiendan al amparo
a las víctimas de violencia doméstica, así como a la rehabilitación de los
victimarios.
C) Favorecer la especialización de todas aquellas instituciones
y operadores cuya intervención es necesaria para la prevención y erradicación
de la violencia doméstica.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo,
a 18 de junio de 2002.
GUILLERMO ÁLVAREZ, Presidente; HORACIO D. CATALURDA, Secretario.
Montevideo, 2 de julio de 2002.
Habiendo expirado el plazo previsto en la Constitución de la
República y de conformidad con lo establecido por su Artículo 144 cúmplase,
acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional
de Leyes y Decretos.
BATLLE; GUILLERMO STIRLING; JOSE CARLOS CARDOSO; ALFONSO VARELA.