M.S.P., M.I., M.R.R.E.E., M.E.F., M.D.N., M.E.C., M.T.O.P.,
M.I.E.M., M.T.S.S., M.G.A.P., M.T., M.V.O.T.M.A.
Sustituyese el inciso final del Articulo 42 de la Ley Nº 16.095,
referente a información relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan,
que deben remitir los organismos y entidades que se determinan, a la oficina
nacional del servicio civil.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental
del Uruguay, reunidos en Asamblea General;
DECRETAN:
Artículo Único.- Sustitúyese el inciso final del Artículo 42
de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, por los siguientes:
"El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación
y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus competencias, deberán
remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil la información que resulte
de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los
organismos y entidades obligados por el inciso anterior.
La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente
informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de
derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad
de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos
deberán indicar también el número de personas impedidas ingresadas, con precisión
de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del
Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la
Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados
como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno
de los obligados, la cantidad de personas impedidas incorporadas en cada organismo,
con precisión de la discapacidad que padecen, y el cargo ocupado, e indicando,
además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (Artículo 768
de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).
Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo definido
en el Artículo 2º precedente- que quieran acogerse a los beneficios de la
presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Discapacitados que funciona
en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (Artículo
768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).
A dichos efectos el Ministerio de Salud Pública deberá certificar
la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado por
tres médicos de probada especialización, sin perjuicio de que se disponga
la integración con psicólogos, asistentes sociales u otros profesionales.
En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que padece la persona,
con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas
que no pueden llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad
es permanente, y el plazo de validez de la certificación. Al vencimiento de
la misma deberá hacerse una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación,
el Ministerio de Salud Pública podrá requerir de los médicos e instituciones
tratantes de las personas discapacitadas -quienes estarán obligados a proporcionarlos-
los informes, exámenes e historias clínicas de los mismos. Los profesionales
intervinientes, tanto en la expedición del certificado, como los tratantes
de las personas discapacitadas, actuarán bajo su más seria responsabilidad;
en caso de constatarse que la información consignada no se ajusta a la realidad,
serán responsables civil, penal y administrativamente, según corresponda.
A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en
el presente artículo se establece que:
A) Se consideran vacantes a todas aquellas situaciones originadas
en cualquier circunstancia, que determinen el cese definitivo del vínculo
funcional. Esta disposición no incluye las provenientes de lo dispuesto en
los Artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996,
ni las originadas en los escalafones: 'K' Militar; 'L' Policial; 'G', 'H'
y 'J' Docentes y 'M' Servicio Exterior.
B) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo
a lo preceptuado en el inciso primero del presente artículo, aparejará la
responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose
llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República,
leyes y reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a quienes
representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho
público no estatales.
C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será
responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina,
pudiéndose llegar a la destitución o cesantía del mismo por la causal de omisión,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República,
leyes y reglamentos respectivos.
D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un
proyecto de reglamentación del presente artículo en el plazo de sesenta días
a partir de la promulgación de la presente ley, que elevará al Poder Ejecutivo;
éste dispondrá a su vez de un plazo de treinta días para su aprobación. En
la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir
las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el
régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que
la omisión en el cumplimiento de la ley, será pasible de destitución o cesantía.
E) El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial,
el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios
Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán dictar
sus reglamentos a efectos de la aplicación del presente artículo, en un plazo
máximo de sesenta días, contados a partir del día siguiente al de aprobación
del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados,
a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.
F) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los
instructivos y directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo.
El cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar
por personas impedidas se determinará sobre la suma total de las que se produzcan
en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran
cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo.
Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la
unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad
superior".
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo,
a 14 de setiembre de 1999.
ARIEL LAUSAROT PERALTA, Presidente; Martín García Nin, Secretario.
Montevideo, 24 de setiembre de 1999.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.
SANGUINETTI; RAUL BUSTOS; GUILLERMO STIRLING; ROBERTO RODRIGUEZ
PIOLI; LUIS MOSCA; JUAN LUIS STORACE; YAMANDU FAU; LUCIO CACERES; JULIO HERRERA;
ANA LIA PIÑEYRUA; LUIS BREZZO; BENITO STERN; BEATRIZ MARTINEZ.