M.T.S.S., M.H., M.O.P.
Jubilación de productores rurales.
Se modifica el régimen de aportaciones.
PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental
del Uruguay reunidos en Asamblea General;
DECRETAN:
Artículo 1°.- (Afiliación obligatoria). Es obligatoria la afiliación
al Fondo de Trabajadores Rurales y al Consejo Central de Asignaciones Familiares
de todas las empresas y trabajadores rurales comprendidos en la presente ley.
Artículo 2°.- (Integración del Fondo de Trabajadores Rurales).
El Fondo de Trabajadores Rurales se integra con el patrimonio actual y con
los siguientes recursos:
A) Las contribuciones patronales y de empleados y obreros establecidas
en esta ley;
B) El producido de los impuestos nacionales y las contribuciones
de Rentas Generales afectados o que se afecten al Fondo;
C) Los intereses de los fondos acumulados y las rentas de los
inmuebles adquiridos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores
Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez;
D) Los legados, herencias y donaciones;
E) Las multas, intereses y recargos;
Artículo 3°.- (Concepto de empresarios rurales). Son empresarios
rurales (empresas) las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o
comerciales, de cualquier naturaleza, sucesiones o condominios, que en forma
independiente desarrollen tareas o faenas agropecuarias, a cualquier título,
sea propiedad, arrendamiento, medianería, aparcería, pastoreo, comodato o
en cualquier otra situación jurídica o de hecho.
Artículo 4°.- (Concepto de empresarios contratistas). Son empresarios
contratistas (empresas) las personas físicas o jurídicas de cualquiera de
las naturalezas y especies indicadas en el artículo anterior, que en forma
independiente se dediquen a tareas de conducción de ganado, esquila, alambrados,
montes, jardinería y trabajos agrícolas en general.
Artículo 5°.- (Contribución patronal anual: concepto y monto).
A partir del 19 de enero de 1968, la contribución patronal anual establecida
en el presente artículo es de cargo de los empresarios rurales (Artículo 39),
por el período de ocupación. Cuando dichos empresarios no existan, el propietario
del inmueble, en todos los casos, será responsable de dicha contribución,
sin perjuicio del derecho de repetirla contra el ocupante.
El monto será equivalente al producto de la multiplicación
del número de hectáreas de la superficie de los inmuebles ubicados en zonas
rurales y suburbanas, ocupadas a cualquier título, por las tasas fijadas para
cada zona, de acuerdo con la escala del Artículo 38 aplicable para el año
1968 y por las que en el futuro corresponda tener presente según lo dispuesto
en el Artículo 10, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 89, para
las empresas pluripersonales y sociedades anónimas.
La contribución patronal no podrá ser inferior al importe equivalente
a una anualidad de montepío correspondiente a un peón plenamente ocupado,
vigente en el período de que se trata.
Si en la superficie ocupada no se realizan tareas o faenas
agropecuarias que generen obligaciones comprendidas en la Ley Nº 11.617, de
20 de octubre de 1950, sus modificativas y concordantes, no corresponderá
el pago de ninguna contribución a que se refiere esta ley, pero su ocupante
deberá prestar la declaración jurada establecida en el Artículo 15.
Artículo 6°.- (Contribución patronal trimestral: concepto y
monto). A partir del 19 de enero de 1968, la contribución patronal trimestral
será de cargo de los empresarios contratistas (Artículo 49).
Su monto será igual a la suma total que corresponda retener
al personal dependiente por concepto de montepío (Artículo 99).Cuando no tuvieron
dicho personal, equivaldrá al montepío anual del monto menor vigente.
Artículo 7°.- (Modo de computar servicios). Por cada empresa
unipersonal corresponderá computar servicios a los efectos jubilatorios y
beneficios que pudieran corresponderle, a una persona física, la que se denominará
empresario titular.
Para el caso de empresas pluripersonales, sean socios, condóminos,
ascendientes o descendientes directos del titular, su cónyuge y hermanos,
que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento,
computarán sus servicios a los mismos efectos, aportando en la forma que se
establece en el artículo siguiente.
Artículo 8°.- (Sistema de aportación). En el caso de empresas
unipersonales, la aportación será global y única. Para el caso de empresas
pluripersonales, la contribución establecida en el Artículo 5° se acrecerá
en un 10% (diez por ciento) hasta tres personas y en un 10% (diez por ciento)
más por cada uno de los integrantes que superen el número de tres personas
físicas, siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias
en el establecimiento.
Para el caso de sociedades anónimas, se considerarán integrantes
efectivos y por tanto obligados a la aportación, los directores, conforme
a lo que dispone el Inciso anterior de este artículo.
Son de aplicación para las disposiciones contenidas en este
artículo, las disposiciones sobre aportaciones mínimas que establece el Artículo
5°.
En ningún caso el complemento de contribución por cada director
que exceda de uno, podrá ser superior al sueldo mínimo jubilatorio mensual
vigente.
Artículo 9°.- (Montepío: concepto y monto). La contribución
de montepío, es de cargo de los trabajadores rurales dependientes (empleados
y obreros) afiliados obligatoriamente al Fondo de Trabajadores Rurales (Artículo
3° de la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950 y Artículo 2° de la presente),
cualquiera sea su calificación: empleados en faenas o tareas de agricultura,
ganadería, tambo, granja, quinta, jardines, viñedos, criaderos de aves, suinos
y conejos, apiarios y en establecimientos productores de verduras, legumbres,
tubérculos, frutas y flores, quinteros y jardineros de zonas urbanas, suburbanas
o balnearias.
Queda comprendido en el régimen del Inciso anterior el personal
de servicio doméstico que desempeñe tareas de esa naturaleza en el medio rural.
El empresario (Artículos 39 y 49) deberá retener dicha contribución
del sueldo o salario de sus dependientes y es responsable directa y solidariamente,
en todos los casos, del pago de su importe al Banco de Previsión Social (Caja
de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de
Pensiones a la Vejez).
El régimen de esta ley no es aplicable a las empresas de la
industria de la construcción que en todo caso aportarán a la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de la Industria y Comercio y a las Cajas de Asignaciones Familiares
que corresponda, pero sí estarán comprendidos en él los trabajadores rurales
que realicen temporal o accidentalmente cualquier trabajo de construcción
en establecimientos rurales (incluso viviendas), por cuenta y orden del empresario
rural.
Artículo 10.- Anualmente, antes del 31 de enero de cada año,
el Poder Ejecutivo determinará, dando cuenta a la Asamblea General, los montos
de las contribuciones patronales y obreras establecidos por los Artículos
5° y 9° de la presente ley, los que regirán desde el 1° de febrero de ese
año, hasta el 31 de enero del año siguiente.
Para esta determinación se tendrá en cuenta únicamente las
diferencias en las variaciones del salario mínimo rural, según las disposiciones
contenidas en el Artículo 55 de la Ley Nº 13.426, de 2 de diciembre de 1965
y el porcentaje diferencial resultante será el de aplicación en los montos
a determinarse, teniendo como factor base las disposiciones de los Artículos
37 y 38 de esta ley.
Artículo 11.- (Forma de pago de la contribución patronal y
montepío: Artículos 5° a 9°). La contribución establecida en el Artículo 5°
podrá pagarse por anualidad, semestre o trimestre adelantado, o bien por trimestre
vencido.
Para los adelantos se establecen las siguientes bonificaciones:
20% (veinte por ciento) de descuento para la anualidad; 8% (ocho por ciento)
para el semestre y 3% (tres por ciento) para el trimestre.
Las contribuciones dispuestas en los Artículos 6°, 8° y 9°,
se liquidarán en las planillas trimestrales (Artículo 17). Si el interesado
lo solicitare, el monto de esas contribuciones será liquidado conforme a lo
dispuesto por esta ley, por las oficinas del Banco, sin cargo alguno para
la empresa, debiendo aquél proporcionar previamente todos los elementos de
información necesarios.
Artículo 12.- (Época de pago). El pago de las contribuciones
deberá realizarse de este modo:
A) Cuando se efectuara por adelantado (Inciso 19 del Artículo
11), dentro del primer mes del período por el que se efectúa.
B) En los casos en que fuere por trimestre vencido, dentro
del mes siguiente al trimestre a que corresponda.
Si el pago respectivo no se efectuara dentro de dichos plazos,
se perderá el derecho a las bonificaciones establecidas en el Inciso 2°) del
Artículo 11 y Artículo 24. El importe adeudado, cualquiera fuere su concepto
y monto, generará el recargo que fija anualmente el Poder Ejecutivo para los
morosos de tributos fiscales.
Artículo 13.- El Banco de Previsión Social y el Consejo Central
de Asignaciones Familiares podrán convenir que la atención de sus servicios
sea cumplida por uno u otro, indistintamente, a los fines de la correcta aplicación
de las leyes que tienen a su cargo.
Artículo 14.- (Distribución de los recursos). La totalidad
de lo obtenido por concepto de las contribuciones patronales y de montepío
(Artículos 5° a 9°) a que se refiere esta ley y el producido total deI Impuesto
a las Transacciones Agropecuarias (Inciso G) del Artículo 3° de la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950 por las obligaciones generadas a partir de
la vigencia de la presente ley, pertenecerán en la proporción del 85% (ochenta
y cinco por ciento).
El Banco de Previsión Social a partir de la vigencia de la
presente ley deberá adelantar al Consejo Central de Asignaciones Familiares
una cuota mensual de $ 20:000.000.00 (veinte millones de pesos) con cargo
al producido de los recursos afectados a dicho Consejo, procediendo trimestralmente
a los ajustes a que hubiere lugar. A partir del 1° de febrero de 1969 dicha
cuota se modificará anualmente y el monto de la misma será igual al duodécimo
de lo recaudado en el ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de los ajustes
trimestrales que correspondieran.
El Banco de Previsión Social y el Consejo Central de Asignaciones
Familiares, podrán establecer una cuenta compensadora entre sus respectivos
créditos y débitos por cualquier clase de aportes, contribuciones, impuestos,
tasas, etc., con destino a sus respectivos fondos y/o beneficios que sirven,
respectivamente.
Artículo 15.- (Declaración de ocupación). Todo propietario
de inmuebles rurales, dentro de los ciento veinte días a contar de la fecha
de vigencia de esta ley, deberá declarar al Banco de Previsión Social (Caja
de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de
Pensiones a la Vejez), si los mismos son ocupados por sí o por terceros. Si
aquél fuere a la vez empresario rural, podrá efectuar la declaración en la
forma establecida en el Artículo 17. Las variantes que se produjeren en el
futuro, deberán ser puestas en conocimiento del Banco de Previsión Social,
mediante el mismo procedimiento, dentro de los noventa días de producido el
hecho que constituye el cambio.
Su omisión aparejará una multa que se regulará de pesos 100.00
(cien pesos) a $ 10.000.00 (diez mil pesos).
A solicitud del Banco de Previsión Social, la Dirección General
de Catastro y Administración de Inmuebles Nacionales y sus dependencias departamentales,
proporcionará al Banco toda información, existente en el Registro Nacional
de Propietarios y Arrendatarios de Inmuebles Rurales (Artículos 20, 21, 22
y 23 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967, reglamentados por el
Decreto del Poder Ejecutivo, Nº 88/968, del 1° de febrero de 1968).
Artículo 16.- (Declaraciones juradas). Dentro del mes de enero
de cada año a partir de 1970, toda persona física o jurídica que ocupe inmuebles
ubicados en zonas rurales, de las mencionadas en el Artículo 3° debe efectuar
una declaración jurada en formularios especiales donde denunciará: los inmuebles
que ocupa y a qué título jurídico lo realiza y ubicación, padrón y superficie
del predio. Se le entregará al interesado una copia de dicha declaración,
debidamente sellada.
El contribuyente que no haya tenido variantes respecto a la
denuncia del año anterior, se limitará a ratificar simplemente su última declaración.
Si a juicio de las oficinas del Banco de Previsión Social los
datos establecidos en los formularios no fueren satisfactorios, se podrá exigir
la exhibición de cédulas catastrales, constancia notarial u otros documentos
comprobatorios de la superficie ocupada, como también el acta a que se refiere
el Artículo 4° del Decreto Nº 88/968, citado al final del artículo anterior.
Artículo 17.- (Denuncia del personal). Al vencimiento de cada
trimestre que se computará a partir del 1° de enero de cada año y dentro del
mes siguiente, toda persona física o jurídica, de las indicadas en los Artículos
3° y 4°, debe denunciar en planillas especiales que le suministrará el Banco
de Previsión Social, la totalidad del personal que trabajó en el trimestre
a que se refiere la declaración, realizada en las planillas precedentes, estableciendo
cargo, naturaleza del trabajo, fecha de ingreso y egreso y las demás constancias
complementarias que se le requieran. Una copia de dicha declaración, se le
entregará al interesado, debidamente sellada.
La omisión o inclusión indebida de personal, en dichas planillas,
aparejará una multa de hasta diez veces el importe del montepío de que se
trate.
Artículo 18.- (Opción para la pasividad). A los fines de la
fijación del sueldo final de pasividad y en ocasión de la solicitud del amparo
jubilatorio, los empresarios podrán optar, a los efectos de su pasividad,
por el mínimo jubilatorio mensual o por el sueldo jubilatorio resultante de
la aplicación del sistema de capital en giro (Artículo 35 de la Ley Nº 12.464,
de 5 de diciembre de 1957, Artículo 7° de la Ley Nº 13.296, de 29 de octubre
de 1964, e Inciso A) del Artículo 61 de la Ley Nº 13.426, de 2 de diciembre
de 1965).
El que optare por el sueldo jubilatorio resultante del capital
en giro deberá reintegrar las contribuciones que le hubiere correspondido
pagar sobre ese sueldo durante los últimos cinco años, según el régimen en
vigor al 31 de diciembre de 1967, pudiendo compensar, para satisfacer la deuda,
con sus créditos por beneficio de retiro y primeros haberes. El saldo se cancelará
con la jubilación o pensión mensual, en cuotas que no podrán ser superiores
al 10% (diez por ciento) de aquéllas.
Los actos administrativos regulares por los cuales se concedieron
jubilaciones y pensiones a los trabajadores rurales y domésticos, son firmes
y definitivos en cuanto al monto de las contribuciones y no serán reliquidadas
por aplicación del régimen establecido por la presente ley.
En cuanto a las jubilaciones y pensiones rurales solicitadas
con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se regirán por las leyes
vigentes en la fecha de solicitud de jubilación o pensión.
Artículo 19.- (Jubilación de los trabajadores dependientes).
En el caso de trabajadores rurales dependientes, la jubilación se calculará
sobre los sueldos que fijen la ley o el Poder Ejecutivo y conforme al sistema
establecido por el Artículo 30 de la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950,
sin perjuicio de la aplicación de los mínimos jubilatorios.
Para el jornalero dependiente, que no complete veinte días
mensuales de trabajo o doscientos cuarenta días anuales de trabajo y a este
solo efecto, se practicará el cálculo en proporción al tiempo efectivamente
trabajado.
Artículo 20.- (Deudas atrasadas). Las empresas deudoras de
aportes jubilatorios al 31 de diciembre de 1967 podrán cancelar la totalidad
de sus obligaciones con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores
Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez y con el Consejo Central de
Asignaciones Familiares, conforme al sistema creado por esta ley.
A tales efectos deberán presentar en plazo no mayor de ciento
veinte días a partir de la fecha de vigencia de esta ley, una liquidación
y ajuste de su deuda.
La deuda resultante podrá pagarse sin recargos ni intereses,
dentro de los ciento veinte días de la vigencia de esta ley.
El pago total o parcial al contado, verificado en forma conjunta
con la declaración dentro de los treinta días de la vigencia de la presente
ley, tendrá una bonificación del 20% (veinte por ciento), sobre lo efectivamente
pagado.
Si lo pagare dentro de los sesenta días en igual forma tendrá
una bonificación del 10% (diez por ciento).
Cuando la deuda declarada y la deuda real calculada conforme
al Artículo 21 arroje una diferencia superior al 20% (veinte por ciento),
el deudor perderá las bonificaciones establecidas en este artículo.
Lo precedentemente establecido es sin perjuicio de lo dispuesto
en el Título VIII, Capítulo II del Código Penal.
El Banco de Previsión Social dispondrá las verificaciones que
estime adecuadas por medio de sus funcionarios presupuestados sin cargo alguno
para las empresas.
A las empresas que no se presenten dentro de dicho plazo, se
les practicará la liquidación de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por la
presente ley, aplicándose los recargos legales en caso de saldo deudor de
acuerdo a los períodos en que se generó la deuda.
El Banco de Previsión Social y el Consejo Central de Asignaciones
Familiares deberán reliquidar las deudas ajustándolas al sistema establecido
por la presente ley y continuarán los procedimientos administrativos y judiciales
que hubieron iniciado contra las empresas deudoras, a los efectos del cobro
de las mismas.
Artículo 21.- (Cálculo por hectárea para las deudas atrasadas).
A los efectos de la liquidación de las deudas atrasadas se fija indiscriminadamente
para cada hectárea la siguiente escala de valores contributivos:
PRIMER PERIODO 1950-1964
Valor ficto por hectárea y por año: $ 2.00 para la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones
a la Vejez; $ 1.00 para el Consejo Central de Asignaciones Familiares.
SEGUNDO PERIODO 1965-1966
Valor ficto por hectárea y por año: $ 12.00 para la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones
a la Vejez; $ 4.00 para el Consejo Central de Asignaciones Familiares.
TERCER PERIODO 1967
Valor ficto por hectárea y por año: $ 27.00 para la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones
a la Vejez; $ 9.00 para el Consejo Central de Asignaciones Familiares.
Las fracciones de superficie se tomarán en hectárea redondeada.
En cada ejercicio los períodos mayores de seis meses se considerarán como
un año a los efectos de la liquidación y los menores no se tomarán en cuenta.
A los efectos de este cálculo se tomará el área total del o
de los inmuebles, multiplicada por las tasas establecí en el presente artículo.
Artículo 22.- (Cálculo estimativo de las deudas atrasadas para
los empresarios contratistas). Para los empresarios contratistas y a los efectos
del cálculo de su deuda atrasada se tomarán en consideración los siguientes
importes por cada persona (empresario, socio o director) y por cada uno de
los dependientes:
De 1950 a 1957, $ 300.00 por persona y por año.
De 1958 a 1965, $ 1.200.00 por persona y por año.
Año 1966, $ 2.400.00 por persona y por año.
Año 1967, $ 3.600.00 por persona y por año.
Artículo 23.- (Imputación de las contribuciones). Las contribuciones
por aportaciones jubilatorias y asignaciones familiares realizadas por las
empresas entre el 19 de noviembre de 1950 y el 31 de diciembre de 1964 deberán
acreditarse exclusivamente a ese período, a cuyo efecto se estará a la fecha
que surja del recibo respectivo, teniéndose el pago como definitivo.
Los pagos realizados por la empresa para cualquier período
deberán referirse exclusivamente a contribuciones jubilatorias o pago de asignaciones
familiares, imputándose separadamente y excluyéndose lo correspondiente a
honorarios, multa e intereses.
Artículo 24.- (Bonificación de saldos acreedores). El Banco
verificará las liquidaciones que presenten las empresas y practicará los ajustes
correspondientes de las deudas generadas entre el 19 de enero de 1965 y el
31 de diciembre de 1967.
Si de ese ajuste resulta saldo acreedor, las empresas podrán
utilizar hasta el 20% (veinte por ciento) para obligaciones generadas a partir
del 1° de enero de 1969, quedando el resto como pago definitivo.
Las empresas que conforme al ajuste de sus deudas resultasen
con saldo deudor, gozarán de una bonificación del 20% (veinte por ciento)
si abonan el mismo dentro de los treinta días en que sean notificadas de las
deudas.
En el caso de disolución y partición de sociedades anónimas
agropecuarias, las bonificaciones que pudieran corresponderles (Artículos
24 y 26) y los convenios que hayan suscrito (Artículo 25) se entenderá que
tienen como titulares para el futuro a los adjudicatarios de los bienes sociales.
Si éstos fueran más de uno, sucederán a la sociedad disuelta
en la proporción que corresponda según los cupos accionarios registrados en
la asamblea que haya aprobado la disolución.
A los efectos del cálculo de la deuda atrasada establecida
por el régimen de los Artículos 20 y, 21, la empresa que no haya realizado
pagos que sobrepasen en conjunto por aportes jubilatorios y asignaciones familiares,
el 50% (cincuenta por ciento) de su deuda más recargos e intereses, tendrá
un recargo del 30% (treinta por ciento) sobre el saldo resultante del ajuste
realizado.
Artículo 25.- (Empresas con convenio de pago o facilidades
vigentes). La empresa con convenio vigente cuyo ajuste, de acuerdo a lo previsto
por la presente ley, determine un saldo deudor podrá continuar con el convenio
o cancelarlo, en el plazo indicado en el Artículo 20, con las bonificaciones
establecidas por el artículo precedente.
Si por el ajuste efectuado conforme a lo dispuesto por el Inciso
anterior, resultare saldo acreedor, el convenio se tendrá por cancelado acreditándose
el 20% (veinte por ciento) de dicho saldo a las obligaciones generadas a
partir de enero de 1969.
Artículo 26.- (Bonificación del diez por ciento sobre contribuciones
futuras). Los contribuyentes que prueben que sus deudas al 31 de diciembre
de 1967 con el Banco de Previsión Social y con el Consejo Central de Asignaciones
Familiares, fueron canceladas con anterioridad a la vigencia de la presente
ley se beneficiarán con una bonificación del 10% (diez por ciento) sobre
sus contribuciones de los Ejercicios 1969 y 1970, (Inciso A) del Artículo
20.
Artículo 27.- (Impuesto a las transacciones agropecuarias).
Fíjase en 8% (ocho por ciento) la tasa del impuesto a las transacciones agropecuarias
establecido por la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950, modificado por
el Artículo 28 de la Ley Nº 12.996, de 28 de noviembre de 1961 y sus modificativas
y concordantes.
El producido de este impuesto será vertido directamente al
Fondo de Trabajadores Rurales y distribuido de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 14 de la presente ley.
El Banco de Previsión Social podrá disponer hasta del 2% (dos
por ciento) de la recaudación del impuesto para atender los gastos de la misma.
Artículo 28.- (Certificado ante el Registro General de Arrendamientos
y Antieresis). El Registro General de Arrendamientos y Antieresis, no inscribirá
ningún contrato de arrendamiento, subarrendamiento, anticresis, aparcería
de inmuebles rurales o suburbanos en los que se realicen tareas o faenas agropecuarias,
sin la presentación, por cualquiera de las partes otorgantes en el contrato,
del recibo correspondiente al penúltimo trimestre de aportación vencido, o
certificado negativo de actividad anterior, expedido por las Oficinas del
Banco de Previsión Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores
Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez).
Artículo 29.- (Constancia de pago). Las empresas que hubieren
efectuado el pago de la deuda de acuerdo al régimen establecido por la Ley Nº 12.464, de 5 de diciembre de 1957 y sus concordantes y modificativas, y
aquellas que paguen de acuerdo al nuevo régimen podrán solicitar una constancia
de estar al día con sus obligaciones hasta el 31 de diciembre de 1967. Este
documento tendrá la calidad de cancelatorio definitivo de deudas generadas
hasta esta fecha.
Artículo 30.- (Certificado de prenda agraria). No se podrán
inscribir contratos de prenda agraria sin que los deudores de contribuciones
jubilatorias patronales y obreras y de asignaciones familiares exhiban un
certificado expedido por el Banco de Previsión Social (Caja de Jubilaciones
y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez)
que acredite cumplir regularmente las obligaciones a la fecha de la solicitud.
El Banco de Previsión Social podrá convenir con el Banco de
la República Oriental del Uruguay, la retención necesaria para pagar lo que
se adeude por contribución a aquel Organismo, exigible a la fecha, otorgándose
el certificado correspondiente de estar al día en el pago de sus obligaciones.
El incumplimiento de esta norma implica responsabilidad para
los funcionarios intervinientes, a quienes se considerará incursos en culpa
administrativa grave.
Todos los certificados a que se refiere esta ley tendrán una
vigencia de noventa días excepto el referido en el Artículo 29.
Artículo 31.- (Certificados exigidos por mandato judicial).
Los Juzgados de Paz y los Juzgados Letrados de Primera Instancia, remitirán
oficio al Banco de Previsión Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones de los
Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez), dando cuenta
de la iniciación de juicio que traiga aparejada ejecución de los bienes inmuebles
ubicados en zonas rurales y suburbanas, indicando nombre y apellido del demandado,
domicilio del mismo, ubicación, padrón y superficie del inmueble y monto de
la deuda reclamada.
Al iniciarse el juicio, el juzgado en el oficio a que se refiere
el Inciso anterior, requerirá del Banco de Previsión Social, el certificado
exigido por el Artículo 40 de la Ley Nº 12.464, de 5 de diciembre de 1957,
o en su defecto el monto de la deuda que eventualmente pudiera tener el demandado,
con el Banco de Previsión Social, lo que será cumplido por éste, dentro del
plazo de sesenta días de recibido dicho oficio.
El crédito reclamado por el Banco de Previsión Social (Caja
de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de
Pensiones a la Vejez) estará incluido en el Inciso 5°) del Artículo 2.369
del Código Civil (De los Créditos Privilegiados).
Artículo 32.- (Certificado para la inscripción en el Registro
General de Vehículos Automotores). Para la inscripción del documento que acredita
transferencia de vehículos automotores a que se refiere el Artículo 100 de
la Ley Nº 13.420, de 2 de diciembre de 1965, será necesario que el enajenante
acredite el pago de contribuciones rurales o domésticas, generadas éstas a
partir del 1° de enero de 1969, exhibiendo, al efecto ante dicho registro
el recibo del penúltimo trimestre o mensualidad vencida, según corresponda.
El recibo a que hace referencia o la constancia de no corresponder
el pago de contribuciones será expedido por las Oficinas del Banco de Previsión
Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos
y de Pensiones a Ia Vejez).
Artículo 33.- (Impuesto a los alquileres a cargo de arrendatarios).
Modifícase el Artículo 65 de la Ley Nº 12.996, de 28 de noviembre de 1961,
en lo pertinente:
"Artículo 65.- (Impuesto a los alquileres a cargo de arrendatarios).
El impuesto establecido en el Inciso B) del Artículo 49 de la Ley Nº 11.617,
de 20 de octubre de 1950, concordantes y modificativas, será recaudado directamente
en la capital y departamentos del interior, por el Banco de Previsión Social
(Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos
y de Pensiones a la Vejez).
El Banco de Previsión Social no podrá exigir al contribuyente
de este impuesto, el pago de las deudas devengadas por un período mayor de
sesenta días, sin previa notificación, otorgando un plazo de quince días para
su cancelación.
Artículo 34.- (Prueba de servicios, contribución patronal y
obrera). Sustitúyese el Artículo 20 de la Ley Nº 13.426, de 2 de diciembre
de 1965, por el siguiente:
"Artículo 20.- Los afiliados activos comprendidos en el
Fondo de Trabajadores Domésticos están amparados, en cuanto a prueba de servicios
y aportación, por lo previsto en la Ley Nº 9.946, de 26 de julio de 1940,
con la siguiente modificación:
Establécese la contribución patronal del 5% (cinco por ciento)
y el montepío obrero del 5% (cinco por ciento) que se calcularán sobre el
monto de la retribución mensual que se fije como asignación jubilatoria vigente
en el período de que se trate.
En caso de trabajadores por día, el cálculo de aportes se realizará
sobre la trigésima ava parte del mínimo jubilatorio vigente.
El empleador es responsable solidario del pago del montepío
de sus empleados, debiendo descontar mensualmente dicho importe en el acto
de pagar a sus empleados domésticos, pudiendo el Banco de Previsión Social
exigir, simultáneamente al cobro del impuesto a que refiere el artículo anterior,
declaración de utilización de trabajadoras domésticos.
El Banco de Previsión Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones
de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez) podrá
dispones de hasta el 5% (cinco por ciento) de la recaudación de los aportes
jubilatorios para el Fondo de Trabajadores Domésticos, para gastos de gestión.
En oportunidad de establecer el régimen de recaudación directa
tanto del aporte jubilatorio doméstico como el impuesto a los arrendamientos
urbanos, el Banco de Previsión Social podrá dar preferencia en la contratación
personal, hasta la cantidad de sesenta, a los avaluadores que quedaren cesantes
por el cambio de régimen en la aportación rural, según reglamentación que
se dictará al respecto".
Artículo 35.- (Plazo para denunciar servicios domésticos y
pago de los aportes adeudados desde el 1° de enero de 1966). Fíjase un plazo
de ciento ochenta días a partir de la vigencia de esta ley para que los empleados
del servicio doméstico puedan denunciar servicios anteriores a la misma. La
deuda devengada por los aportes de los afiliados domésticos desde el 1° de
enero de 1966 a la fecha, podrá ser pagada en treinta cuotas mensuales, iguales
y consecutivas, sin recargo, multas ni intereses, y en este caso los servicios
prestados deberán ser computados.
Artículo 36.- (Derogaciones) Deróganse todas las disposiciones
que se opongan a la presente ley y expresamente el Inciso 2° del Artículo
29 de la Ley Nº 13.420, de 2 de diciembre de 1965; los Artículos 21, 22 y
23 de la Ley Nº 13.426, de 2 de diciembre de 1965, y Artículos 41 y 43 de
la Ley Nº 12.464, de 5 de diciembre de 1957.
Derógase asimismo el aporte patronal y montepíos por sí y por
trabajadores dependientes establecidos por la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre
de 1950, modificativas y concordantes, vigentes al 31 de diciembre de 1967.
Artículo 37.- Fíjanse para el año 1968, el monto del montepío
a que hace referencia el Artículo 9°, en la suma de $ 300.00 (trescientos
pesos) por peón y empleado y 400.00 (cuatrocientos pesos) por capataz y personal
de dirección, mensuales, respectivamente, o en su caso $15.00 (quince pesos)
diarios. Dicho aporte será liquidado por los funcionarios del Banco de Previsión
Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos
y de Pensiones a la Vejez), el la planilla trimestral establecida por el Artículo
17 de esta ley.
Artículo 38.- (Disposición transitoria). A partir del 1° de
enero de1968 las empresas rurales aportarán la contribución del Artículo 5°
de la esta ley, de acuerdo a la siguiente escala:
|
MONTEVIDEO |
$ 200.00 |
| CANELONES |
$ 120.00 |
| SAN
JOSE |
$ 120.00 |
| COLONIA |
$ 90.00 |
| SORIANO |
$ 90.00 |
| FLORIDA |
$ 60.00 |
| DURAZNO |
$ 55.00 |
| RIO
NEGRO |
$ 55.00 |
| PAYSANDU |
$ 55.00 |
| FLORES |
$ 50.00 |
| LAVALLEJA |
$ 50.00 |
| MALDONADO |
$ 50.00 |
| ROCHA |
$ 50.00 |
| ARTIGAS |
$ 40.00 |
| CERRO
LARGO |
$ 40.00 |
| SALTO |
$ 40.00 |
| TACUAREMBO |
$ 40.00 |
| TREINTA
Y TRES |
$ 40.00 |
| RIVERA |
$ 35.00 |
Dicha aportación se hará por el área total del inmueble ocupado
por cada empresa, tomando en cuenta la ubicación geográfica del o de los inmuebles,
a los que se aplicarán las tasas correspondientes a cada departamento.
Establecidos los nuevos valores de la tierra, conforme al Decreto de 7 de Junio de 1968, el Banco de Previsión Social adecuará los aportes patronales
por hectárea, sustituyéndolos por una tasa porcentual uniforme sobre dichos
valores, de forma que el producido total sea aproximadamente igual al resultante
de la aplicación de este artículo, ajustado de acuerdo a lo dispuesto por
el Artículo 10 de esta ley.
Artículo 39.- (Redondeo a decenas). Las cantidades resultantes
de la aplicación de las distintas contribuciones establecidas anteriormente
por la presente ley se redondearán en decenas de pesos. Si la fracción obtenida
por el cálculo fuese inferior a $ 5.00 (cinco pesos) se ajustará a la decena
inmediata inferior, si fuera mayor a la decena inmediata superior.
Artículo 40.- El Banco de Previsión Social queda facultado
para acordar facilidades de pago a los productores cuyos bienes muebles o
inmuebles, así como su producción, se vean afectados por fenómenos climáticos.
Artículo 41.- (Seguros). A parir del 1° de enero de 1970, transfiérese
la atención del seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
que correspondiere a los trabajadores dependientes comprendidos por la presente
ley, del Banco de Seguros del Estado al Banco de Previsión Social, quedando
este Banco investido con las facultades y obligaciones que las disposiciones
en la materia señalan.
El Banco de Previsión Social administrará dicho riesgo sobre
la base de la legislación vigente, salvo las modificaciones que se le introducen
o introdujeran en el futuro. A los efectos de efectuar las prestaciones, el
Banco podrá acordar si lo creyera conveniente con el propio Banco de Seguros
del Estado o con otros organismos públicos o paraestatales la atención de
aquéllas, pero reteniendo como cometido específico y exclusivo el de la recaudación
de primas, aportes y/o contribuciones, etc.
Artículo 42.- El Banco de Seguras del Estado continuará sirviendo
rentas y prestaciones médicas o paramédicas por accidentes o enfermedades
profesionales ocurridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1969 o por
contratos celebrados también hasta esa fecha.
Todo otro expediente, registro, procedimiento administrativo
o judicial, será transferido al Banco de Previsión Social o se clausurará
o liquidará de oficio conforme se determina por esta ley.
La fecha efectiva de la transferencia será dispuesta por el
Poder Ejecutivo, oídos los organismos interesados.
Todas las cuestiones a que pueda dar lugar esta transferencia
serán resueltas, sin ulterior recurso, por una Comisión Especial integrada
por un delegado del Banco de Seguros del Estado, otro del Banco de Previsión
Social y un tercero designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 43.- A partir del 1° de enero de 1970, declárase que
el riesgo sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los
trabajadores dependientes comprendidos por la presente ley será atendido como
un seguro social bajo el régimen financiero denominado de "reparto".
Serán beneficiarios del mismo los obreros que figuren en las planillas que
los patronos deberán presentar y denunciar personalmente cada trimestre según
lo expresa el Artículo 17. De no encontrarse al día en el pago de las obligaciones
obrero-patronales, el Banco queda autorizado a hacer uso de las facultades
que las leyes fijan sobre la materia.
Artículo 44.- Cada empresario abonará como prima o aporte,
una suma por hectárea explotada, la que será determinada según las especificaciones
del Artículo 10, teniendo como valor base para el año 1968 un adicional equivalente
a un quinto de los valores por hectárea, fijados en el Artículo 38, que pagará
en forma conjunta e indivisible al Banco de Previsión Social en las oportunidades
indicadas en la presente ley.
Artículo 45.- Los empresarios rurales, total o parcialmente
deudores de primas de pólizas de seguro por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales con anterioridad al 31 de diciembre de 1967, podrán cancelar
sus obligaciones, abonando una suma igual al quinto de Ias tasas establecidas
en el Artículo 21.
El Banco de Previsión Social deberá reliquidar las deudas,
ajustándolas al sistema establecido por la presente ley y continuará los procedimientos
administrativos y judiciales que se hubieren iniciado contra las empresas
deudoras a los efectos del cobro de las mismas.
Artículo 46.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Banco de
Previsión Social, propondrá antes del 31 de diciembre de 1969 al Poder Legislativo
un proyecto de ley que recoja las modificaciones al régimen de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales a los fines de adecuarlo a las modalidades
de esta ley, así como toda otra que estimare conveniente.
Artículo 47.- (Normas sobre despido). Sustitúyese el Artículo
23 de la Ley Nº 10.809, de 16 de octubre de 1946, por el siguiente:
"Artículo 23.- El despido del obrero con buena conducta
sin justa causa, dará lugar a una indemnización consistente en un mes de sueldo
computado a los efectos jubilatorios por cada año o fracción mayor de seis
meses de permanencia en el puesto, conforme a la siguiente regla:
A) Si el obrero despedido no tuviera derecho a jubilación se
le liquidará directamente hasta un máximo de seis meses;
B) Cuando al obrero le asistiera derecho jubilatorio se le
liquidará la indemnización directamente hasta un máximo de tres sueldos, debiendo
verterse a la Caja como contribución a su fondo patrimonial los tres sueldos
restantes a los fines previstos por el Artículo 35.
A estos efectos se presumirá que le asiste derecho jubilatorio
cuando el obrero tenga sesenta o más años de edad si fuera hombre y cincuenta
y cinco o más años si fuere mujer".
Artículo 48.- Sustúyese el Artículo 21 de la Ley Nº 10.809,
de 16 de octubre de 1946, por el siguiente:
"Artículo 21.- El patrono está obligado con respecto al
trabajador rural despedido siempre que se comunique al Juez de Paz seccional:
A) A facilitarle, dentro de los treinta días siguientes al
del cese de la relación laboral, su traslado y el de su familia, así como
el de sus muebles y demás efectos de su pertenencia;
B) A permitir la permanencia en el establecimiento por el término
que se considere necesario en caso de enfermedad grave del mismo o de algún
miembro de su familia que viva con él, cuando sea imprescindible por representar
el traslado para su asistencia médica adecuada, un riesgo para su salud. En
caso de duda se estará al dictamen de un facultativo;
C) Vencido el plazo de treinta días que señala el Inciso A)
el patrono a su costo, pondrá a disposición del Juez de Paz competente los
muebles y demás efectos de pertenencia del despedido".
Artículo 49.- Agrégase a la Ley Nº 10.809, de 16 de octubre
de 1946, los siguientes artículos:
"Artículo 34. La notificación del cese de la relación
laboral de obreros con buena conducta y sin justa causa, deberá efectuarse
con una antelación de treinta días.
La notificación deberá documentarse ante la presencia de dos
testigos y será prueba suficiente a los fines a que hubiere lugar en forma
conjunta con el comprobante de pago de la indemnización que fije el Artículo
23.
También lo será la declaración trimestral, que deben efectuar
los patronos ante el Banco de Previsión Social. Conjuntamente con la misma
se adjuntará copia del pago de la indemnización o resolución de cesantía".
"Artículo 35. Los patronos, sin perjuicio de los derechos
que les establece esta ley, podrán convenir con sus empleados y el Banco de
Previsión Social un régimen de anticipos prejubilatorios.
Cuando el obrero despedido tenga más de sesenta años de edad
si fuera hombre y más de cincuenta y cinco años de edad si fuere mujer, una
vez comunicado al Banco de Previsión Social el cese de la relación laboral,
este Organismo comenzará a servir un anticipo mensual que no podrá ser superior
al 70% (setenta por ciento) del mínimo jubilatorio. Las sumas para el pago
de este beneficio, serán adelantadas por los empresarios.
Una vez liquidada la jubilación el Banco retendrá de los haberes
pendientes de pago las sumas adelantadas y las acreditará a la cuenta del
empresario.
Igual criterio podrán adoptar los empresarios en caso de obreros
que con derecho a jubilación se retiren por su propia voluntad.
En aquellos casos que no se comprobara el derecho a jubilación
se computarán las sumas abonadas a los fondos recaudados por el Inciso B)
del Artículo 23".
Artículo 50.- (Inversiones). Autorízase al Banco de Previsión
Social a invertir hasta un 2% (dos por ciento) de los recursos que se crean
por esta ley, en la construcción de hogares de ancianos.
Artículo 51.- Con cargo a los fondos que se disponen en el
artículo anterior el Banco de Previsión Social queda facultado para realizar
convenios con otros organismos del Estado para la consecución de estos fines.
Artículo 52.- El Ministerio de Obras Públicas construirá, en
convenio con el Banco de Previsión Social, por lo menos en cada capital de
los departamentos del interior, un hogar de ancianos.
En aquellos lugares en que el Estado tiene destinadas partidas
o inversiones en obras que ya están en vías de realización, el Banco de Previsión
Social otorgará los fondos para la terminación o puesta en funcionamiento
de los referidos hogares.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Inciso anterior el Banco
de Previsión Social podrá realizar con cargo a los recursos del Artículo 50
-convenios con las Comisiones de Fomento o Vecinales para el alojamiento y
suministro de los equipos necesarios para el adecuado funcionamiento de dichos
hogares.
La puesta en funcionamiento de los referidos locales, se efectuará
ajustándose estrictamente a normas técnico-geriátricas, que aseguren el bienestar
físico-mental y social de los ancianos.
Artículo 53.- A partir de los seis meses de la sanción de la
presente ley, los patronos rurales deben probar fehacientemente que no perciben
ingresos superiores al salario rural mínimo y trabajan efectivamente sus respectivos
predios y acrediten hallarse al día con los aportes sociales, tendrán derecho
a la percepción de los beneficios que sirve el Consejo de Asignaciones Familiares.
Artículo 54.- Extíendase al Banco de Previsión Social (Caja
de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de
Pensiones a la Vejez) lo dispuesto por el Artículo 134 de la Ley Nº 9.940,
de 2 de junio de 1940.
Artículo 55.- (Inscripciones omitidas). Restablécese la vigencia
de la Ley Nº 11.153, de 26 de noviembre de 1948, hasta el 15 de julio de 1971.
Los términos de los vencimientos a que se refiere dicha ley, en sus Artículos
1° y 5°, se entenderán con relación al 15 de julio de 1971.
Artículo 56.- (Vigencia de esta ley). La presente ley entrará
en vigencia a todos sus efectos, a partir del día 1° del mes siguiente al
de su publicación, salvo texto expreso en contrario de la misma.
Artículo 57.- (Transitorio). Las empresas deudoras al Banco
de Previsión Social y al Consejo Central de Asignaciones Familiares por el
período comprendido entre el 1° de enero de 1968 y la fecha de de la presente
ley, tendrán un plazo de sesenta días a partir de la misma para regularizar
sus atrasos con dichos organismos, sin recargos, multas ni intereses.
Artículo 58.- (Reglamentación). El Poder Ejecutivo a propuesta
del Banco de Previsión Social y en lo que le es pertinente, del Consejo Central
de Asignaciones Familiares, reglamentará la Aplicación de la presente ley.
Artículo 59.- Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo,
a 21 de noviembre de 1968.
ALBERTO E. ABDALA, Presidente; JOSÉ PASTOR SALVAÑACH, Secretario.
Montevideo, 22 de noviembre de 1968.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese
en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.
PACHECO ARECO; JULIO CESAR ESPINOLA; CESAR CHARLONE; WALTER PINTOS RISSO.